Necesidad de una Ley que regule la protesta social

Para quienes profesamos una religión de un solo creyente, militamos en un partido de un solo afiliado, o sea profesamos la individualidad a ultranza y de ese modo operamos en la sociedad, hay momentos en que nos sentimos rehenes de fuerzas inexplicables que nada tienen que ver con la naturaleza o el devenir del cosmos invisible, sino de ciertos sectores y grupos que por diversos motivos cortan rutas, calles, líneas de subtes, expresando su protesta.

Una noche, un amigo psicoanalista, dijo que Pichon Riviere definía como loco a aquel que no puede canalizar su protesta, nunca olvidé esas palabras.

Durante los últimos años, las protestas sociales y sindicales en la Argentina se multiplicaron. En 2013 se produjeron casi seis mil cortes a lo largo de todo el país, un 5% más que los contabilizados en 2012 y el número más elevado desde 2008, según los datos que calcula el portal del estudios Diagnóstico Político a partir de relevamientos diarios de más de 200 medios del país. (Fuente: Chequeado.com).

En abril de 2014 el diputado Carlos Kunkel presentó un proyecto de ley de “convivencia en manifestaciones públicas” cuyo objetivo era “garantizar y afianzar derechos” de los ciudadanos que son afectados cuando hay cortes de tránsito por protestas y de los que participan en ellas.

La iniciativa definía cuándo  una manifestación es “legítima”; establecía que una protesta debía ser informada ante “representación policial” con una antelación “no menor a las 48 horas” y que no debía impedir el funcionamiento de los servicios públicos, ni bloquear totalmente la circulación de vehículos y personas. Disponía también que una manifestación no podría ser desalojada por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad, entre otros puntos.

Los diputados Giustuzzi y Sturzenegger también presentaron sus proyectos. El proyecto de Giustozzi establecía lugares par5a desarrollar las protestas y preveía multas para quienes lo hagan fuera del marco regulatorio; el de Sturzenegger fijaba multas para quienes impidan el funcionamiento de servicios públicos. Este mismo diputado presentó una estimación del perjuicio económico que ocasionan los cortes en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires: de $450 a $470 millones entre 2012 y 2013, basándose principalmente en horas de trabajo perdidas. Cuenta que yo, como individuo y trabajador independiente, hago cada vez que quedo atrapado por una protesta y no son pocas las veces por semana.

El derecho a la protesta está contemplado en la Argentina en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (art. 14 y 32) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20). De algún modo en este artículo hago uso de ese derecho y reclamo una ley regulatoria para convivencia entre manifestantes y no manifestantes, de modo tal que las operaciones de una y otra parte continúen siendo efectivas y contribuyan al crecimiento y desarrollo de la sociedad a la que pertenecemos, sin perjudicar ni volvernos locos unos a otros.

 

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